Los trabajadores del sector del transporte por carretera se encuentran en medio de una situación conflictiva. La razón de su descontento es que las concesionarias del sector solo les ofrecen un incremento salarial del 0,8%, lo que consideran insuficiente, especialmente en un contexto inflacionista. Alrededor de medio centenar de trabajadores del sector han tomado las calles de Santiago para reclamar la renovación del convenio colectivo, que lleva cuatro años paralizado. Los trabajadores argumentan que, a pesar del aumento de los costes de la vida, sus salarios no han aumentado.
Raúl Rodríguez, de Comisiones Obreras, ha declarado que, si la propuesta de la patronal no cambia en la reunión prevista para el día siguiente, mantendrán la huelga prevista para jueves y viernes. Miguel Campos, responsable de carreteras de UGT-Galicia, ha afirmado que los trabajadores han estado negociando un nuevo convenio colectivo durante varios años, con la esperanza de que se tenga en cuenta la situación de un sector que consideran precarizado y patas arriba. Según los trabajadores, la falta de conductores es consecuencia de la precarización absoluta del sector, una situación que empeora año tras año debido a la evolución alcista de los precios.
La reunión entre patronal y sindicatos está prevista para el miércoles, con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais. Los sindicatos han criticado la falta de reacción de la Xunta para garantizar mejoras en el servicio y denuncian horarios excesivos y malas condiciones laborales. Ignacio Maestro, director xeral de mobilidade, ha instado a las empresas a cumplir la ley.
Los sindicatos argumentan que las empresas intentan compensar la rebaja económica en sus contratos a costa de los trabajadores. Según ellos, la administración gallega es una pata importante de esta problemática, ya que las licitaciones y las políticas de movilidad del sector dependen de ella. Además, aseguran que las principales protestas se centrarán en los servicios autonómicos, aunque la huelga del transporte también afectará al transporte municipal, por ejemplo, en Santiago.
El portavoz de la CIG, Xesús Pastoriza, ha señalado que, aunque sus reivindicaciones van dirigidas a las empresas, la Xunta también tiene su parte de responsabilidad en este conflicto. Ha mencionado la existencia de plataformas ciudadanas que reclaman sus derechos a la movilidad y que han despertado acciones de unidad entre alcaldes, ANPAS y trabajadores. "Estamos en el peor momento que vivió nunca este sector. La Xunta no puede mirar a otro lado", ha concluido.
Fuente: cadenaser.com
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