A finales del mes de noviembre del año pasado, hubo manifestaciones por parte de asociaciones de transportistas en las dos principales ciudades de las Islas Canarias. Esto llevó al Gobierno autonómico a abrir un período de negociaciones de un mes para acordar un conjunto de medidas que pudieran atender a la singularidad insular.
La razón detrás de estas protestas fue la falta de atención que el Gobierno canario había mostrado hasta ese momento hacia las demandas de los transportistas insulares, quienes llevan años exigiendo una regulación específica para el uso del tacógrafo en su territorio. Cabe destacar que desde 2010, el uso del tacógrafo es obligatorio en todas las Islas Canarias y las Baleares, en virtud de un Real Decreto aprobado a finales de 2009 por el Gobierno central, tras llegar a acuerdos con los Gobiernos autonómicos de ambos archipiélagos, lo que modificó la regulación existente que solo obligaba a su uso en las islas más grandes.
Este criterio se mantuvo el año pasado después de que se aprobara el nuevo Real Decreto de actualización de las actividades de transporte por carretera exceptuadas de la utilización del tacógrafo, en desarrollo del nuevo Reglamento europeo sobre tiempos de conducción y descanso, aprobado por la Unión Europea en julio de 2020.
A pesar de que la normativa europea permite que se excepcione el uso del tacógrafo en los transportes en islas de superficie inferior a 2.300 kilómetros cuadrados (lo que exceptuaría a todas las islas españolas a excepción de Mallorca), en la práctica, ni el Gobierno canario ni el balear han solicitado hasta la fecha al Gobierno español que haga uso de dicha previsión legal en sus respectivos territorios.
Los transportistas insulares, tanto canarios como baleares, consideran que la exigencia del tacógrafo en los transportes realizados en territorio insular, por su superficie tan reducida, solo genera dificultades burocráticas e inversiones innecesarias que no se justifican por la existencia de problemas o incumplimientos de la normativa. Según su opinión, no ha quedado probado que la obligación de uso del tacógrafo en las islas prevenga accidentes o infracciones, pero sí tiene un efecto recaudatorio por las sanciones que se imponen.
Después de dos meses de negociaciones con el Gobierno canario, las conversaciones se encuentran en un punto muerto debido a la falta de medidas concretas. Esto ha llevado a los transportistas canarios a convocar una huelga indefinida a partir del lunes 27 de febrero, lo que podría paralizar la actividad en los puertos insulares, infraestructuras vitales para el desarrollo de la economía de las islas.
Fuente: transporteprofesional.es
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